¿Quién es el culpable de los apagones?

Dr. Fulgencio Severino identifica a los políticos responsables del colapso eléctrico

Santo Domingo. - El Dr. Fulgencio Severino afirmó que los constantes apagones, las facturas elevadas y el deterioro del servicio eléctrico no son hechos aislados ni fallas técnicas inevitables, sino el resultado directo de las decisiones tomadas por los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader. Según explicó, estos cuatro gobernantes consolidaron un modelo privatizado que ha beneficiado a grupos empresariales y actores políticos vinculados a la corrupción, mientras el país entero paga las consecuencias.

“El pueblo necesita saber quiénes son los responsables reales de esta crisis. Durante más de dos décadas, estos gobiernos han defendido y ampliado un esquema eléctrico diseñado para el enriquecimiento de unos pocos, no para garantizar un servicio digno y sostenible”, afirmó Severino. Indicó que la privatización de la generación eléctrica, la firma de contratos altamente favorables para los generadores y la transferencia de las plantas estatales al sector privado fueron decisiones tomadas deliberadamente por esos mismos dirigentes políticos, y que las consecuencias aún se sienten a nivel nacional.

Severino añadió que estos contratos —muchos de ellos de largo plazo, con precios fijos y condiciones abusivas— permitieron que plantas obsoletas, poco eficientes e incluso apagadas recibieran pagos millonarios. Sostuvo que el diseño del sistema eléctrico dominicano facilita que los generadores privados produzcan a bajo costo y cobren como si lo hicieran con las tecnologías más caras, mientras las familias y las pequeñas empresas cargan con facturas que superan su capacidad de pago. “El modelo no está hecho para servir al pueblo, sino para garantizar fortunas privadas financiadas con recursos públicos”, señaló.

El dirigente político agregó que todas estas distorsiones se ven reflejadas en las tarifas elevadísimas, los constantes apagones, el mal servicio y la estafa permanente que representan las EDES para los usuarios, con cobros que en muchos casos superan el consumo real. A esto se suman compras sobrevaluadas, una empleomanía excesiva, gastos administrativos inflados y un esquema general de mala gestión que profundiza el déficit operativo.

Severino subrayó que uno de los efectos más graves del modelo privatizado es el costo del subsidio eléctrico. Entre el año 2000 y el 2024, el Estado ha destinado más de RD$709,549 millones (equivalentes a unos US$ 15,608 millones) solo para cubrir el déficit del sector, fondos que, en lugar de ser usados para mejorar la salud, la educación, el agua potable o la infraestructura, han servido para mantener a flote un sistema ineficiente que beneficia a pocos. Recordó que durante este mismo período la inversión pública en generación ascendió únicamente a unos US$3,400 millones para Punta Catalina, lo que evidencia que la mayor parte del dinero del Estado ha ido a subsidiar un modelo privado incapaz de ofrecer resultados.

“Los cuatro expresidentes están descalificados para opinar sobre el sector eléctrico. Ellos construyeron este modelo, defendieron sus contratos, permitieron sus abusos y mantuvieron intactos los privilegios del sector privado aun cuando resultaba evidente el daño que provocaban. La crisis actual es su obra conjunta”, afirmó Severino.

El médico y dirigente político insistió en que la salida a la crisis pasa por una transformación profunda del marco legal y operativo del sistema eléctrico. Propone modificar la ley vigente para eliminar los contratos que dan privilegios injustificados a los generadores privados y para garantizar que la energía se adquiera al precio real de producción de cada planta. Esto crearía competencia sana, estimularía la instalación de tecnologías eficientes y desmontaría los mecanismos que hoy permiten ganancias extraordinarias a costillas del pueblo dominicano. Además, reiteró la urgencia de una mayor inversión pública en generación de energía menos contaminante y de bajo costo, que permita reducir gradualmente la participación del sector privado y abaratar la electricidad para la población.

“El Estado dominicano no puede seguir siendo rehén del sector eléctrico privado ni financiando contratos abusivos que empobrecen al país. Es momento de recuperar el control del sistema eléctrico y garantizar un servicio que responda a las necesidades del pueblo y no a la codicia empresarial”, concluyó.