El principal obstáculo para alcanzar los sueños es la desigualdad


Un comerciante de la zona rural carga las provisiones que compra en el almacén. Por las condiciones del transporte, la cantidad de provisiones se reduce y debe visitar varias veces a la semana el almacén para mantener su inventario. Un campesino no puede vender su producción por falta de una carretera o un puente.
Un estudiante enfrenta largas distancias para llegar a la escuela, y, en ocasiones, el camino se vuelve difícil cuando llueve, lo que puede impulsarlo a abandonar los estudios. Una familia, limitada por la carencia económica, no puede enviar a sus hijos a la escuela, y estos terminan dedicándose desde muy corta edad a buscar trabajo para contribuir al sustento familiar.
Una familia con bajos ingresos no puede pagar a una trabajadora doméstica para el cuidado de sus hijos mientras trabajan. Una madre soltera debe trabajar, pero sus ingresos no son suficientes para pagar a una trabajadora doméstica que cuide de sus hijos. Los hijos, en esas condiciones, son vulnerables a insinuaciones de adultos, lo que provoca embarazos en adolescentes sin pareja o el involucramiento en actividades delictivas.
La economía dominicana crece, pero solo del 1% al 10% de la población recibe esos beneficios. En nuestro país, el 10% de quienes tienen más ingresos son propietarios del 55% de las riquezas, y el 1% concentra el 30% de las riquezas nacionales.
Las inequidades en las políticas públicas sociales, económicas y de inversiones perpetúan esas desigualdades. ¿De qué sirve un crecimiento económico que solo beneficia al 1% o al 10%?
Queremos apostar por una sociedad más justa, y para ello proponemos:
Que la política de inversión pública en infraestructura sea distribuida considerando las condiciones de tránsito en cada comunidad y sus necesidades. Estas inversiones deben estar dirigidas a carreteras, caminos vecinales, centros de salud, centros culturales, industrias para generar empleos y centros de capacitación.
Garantizar igual acceso a medicamentos para tratar problemas de salud, tanto en hospitalización como de manera ambulatoria. Es criminal que el SENASA, en el mismo período en que autorizó RD$700,545,347 para 1.7 millones de personas, solo autorizara RD$1,773 para una población subsidiada de 5.7 millones de personas.
Garantizar igual acceso a servicios de salud, mejorando las capacidades resolutivas de los hospitales públicos de forma equitativa en todas las provincias y zonas rurales y urbanas.
Disponer de financiamientos para que las personas con ingresos bajos puedan desarrollar iniciativas productivas, facilitando préstamos mediante un fondo de garantía.
Garantizar igual acceso a la tierra y distribuirla entre familias que deseen dedicarse a la labor agropecuaria, asegurando asistencia técnica, financiera y mejorando las vías de comunicación terrestre.
Prohibir los préstamos del Banco Agrícola a grandes productores, políticos y familiares, y dedicar esos recursos a financiar la producción agropecuaria pequeña y mediana.
Crear un fondo especial para financiar el crecimiento y desarrollo de las MIPyMES urbanas y suburbanas.
Impulsar un mayor acceso al crecimiento económico, creando instituciones económicas y sociales equitativas.
El gobierno y el Congreso deben dejar de ser instituciones extractivas que solo actúan en favor de sectores económicos y políticos minoritarios, y trabajar por un sistema de instituciones inclusivas que garantice igualdad en las posibilidades de crear y obtener riquezas.
Facilitar el acceso a financiamiento de bajo costo con un período de exención impositiva para convertir las MIPyMES informales en formales, apoyando su crecimiento y desarrollo.
Impulsar el poder del trabajador, defendiendo su sindicalización, lo que le permita discutir políticas salariales con las empresas en función de los beneficios obtenidos.
Por una sociedad más justa e inclusiva, creando instituciones sólidas y leyes iguales para todos los sectores.



