
Para disminuir el gasto de bolsillo el gobierno debe duplicar la inversión pública en salud, fortalecer la atención en los hospitales públicos, garantizar el acceso a medicamentos y reducir la alta proporción de recursos económicos que manejan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) al gestionar el Seguro Familiar de Salud.
El principal problema que enfrentan los pacientes del régimen subsidiado es la falta de acceso a medicamentos. A más de 5.5 millones de afiliados no se les destina ni un centavo para este propósito, una violación flagrante de la ley.
Esta población, que representa más del 50% del país y está compuesta por los ciudadanos más pobres, que es la que gasta gran parte de sus escasos ingresos a comprar medicamentos y a realizarse procedimientos diagnósticos o terapéuticos que los hospitales públicos no pueden ofrecer.
El gobierno es el principal responsable del alto gasto de bolsillo de esta población. Tanto el presidente, los ministros como el SENASA tienen la responsabilidad directa en este problema que afecta a nuestro país.
El gasto de bolsillo de estas personas no solo las empobrece aún más, sino que también las expone a mayores complicaciones de salud y tasas de mortalidad. Por ejemplo, el tratamiento de insuficiencia cardíaca cuesta más de RD$10,000 pesos mensuales. Muchas de estas personas no pueden costearlo, lo que provoca hospitalizaciones frecuentes y muertes prematuras.

Es responsabilidad del gobierno garantizar que esta población tenga acceso a medicamentos y servicios médicos de calidad. Esto incluye aumentar la inversión en salud pública, dotar a los hospitales de equipos y laboratorios adecuados, y cubrir procedimientos esenciales como tomografías o resonancias magnéticas, que hoy en día son inaccesibles para el régimen subsidiado en muchos hospitales y provincias.
Son esas deficiencias, negaciones del derecho a la salud y violación de la ley, lo que incide en el enorme gasto de bolsillo de la población de régimen subsidiado, quienes tienen que disponer de los escasos recursos para costear los servicios de salud qué demanden.
Por otra parte, en el gobierno predomina una orientación hacia la privatización de los servicios de salud, favoreciendo el negocio privado. Esta política mantiene a los hospitales públicos con baja capacidad operativa, mientras que SENASA paga tarifas insuficientes que no cubren los costos reales. Al mismo tiempo, se destinan recursos para cubrir procedimientos en centros privados a tarifas hasta 500% más altas.
Esto provoca que muchos procedimientos que podrían realizarse en hospitales públicos sean cobrados a los pacientes o, en algunos casos, simplemente se dejen de ofrecer. Como resultado, muchas personas de escasos recursos deben buscar alternativas en el sector privado, enfrentando elevados gastos que, en ocasiones, los obligan a vender pequeñas propiedades, cerrar microempresas o, en el peor de los casos, renunciar a la atención médica necesaria. Esta situación representa una tragedia nacional.
Esta problemática refleja una deficiencia estructural en el gobierno, caracterizada por una baja inversión en salud, la asignación insuficiente de recursos económicos a los hospitales, la negativa del SENASA a cubrir procedimientos del PDSS que sí se realizan en los hospitales, y la implementación de tarifas bajas y discriminatorias en comparación con el sector privado. Estas fallas perpetúan desigualdades y limitan el acceso a servicios de calidad para la población más vulnerable.
A esta situación del régimen subsidiado se suma la tragedia del régimen contributivo y de los pensionados.
El régimen contributivo enfrenta un alto gasto de bolsillo debido a la limitada cobertura de medicamentos. De los RD$50 mil millones de pesos que el país gasta anualmente en medicamentos, las ARS solo financian RD$6 mil millones. Además, estas entidades excluyen una gran cantidad de procedimientos y aplican tarifas bajas a los prestadores de servicios, quienes, ante estas condiciones, se ven obligados a cobrar copagos adicionales, aumentando aún más la carga económica para los pacientes.
Propuestas para una solución estructural
Sustitución del PDSS por el PBS:
El Plan de Servicios de Salud (PDSS) debe ser reemplazado por el Plan Básico de Salud (PBS) para evitar que las ARS continúen negando ciertos procedimientos y medicamentos.
Regulación de las ARS:
Las ARS deben ser obligadas a destinar una mayor proporción de los recursos del PDSS a la cobertura de medicamentos y procedimientos. Actualmente, estas entidades, además del 10% asignado a gastos administrativos, obtienen otro 10% —equivalente a casi RD$20 mil millones de pesos anuales— al negar la cobertura de cientos de procedimientos.
Esta práctica perjudica directamente a los pacientes y perpetúa el gasto de bolsillo, pues la población comprará planes de salud complementarios para acceder a un especialista o pagará directamente.
Acceso al primer nivel de atención
En relación con este nivel de atención, el superintendente de salud ha sugerido implementar un sistema de asignación per cápita que obligaría a la población a someterse a esta estructura. Sin embargo, esta medida podría empeorar el acceso al derecho a la salud y aumentar el gasto de bolsillo, ya que muchas personas optarían por adquirir planes de salud complementarios para consultar directamente con especialistas o pagarían de su propio bolsillo.
El superintendente sabe que no tiene la competencia para imponer este nivel de atención de manera abrupta. Además, es crucial evitar que el primer nivel de atención sea de mala calidad y termine siendo utilizado por las ARS como un mecanismo para maximizar sus beneficios en detrimento de los pacientes.
Es necesario abandonar la politiquería y que el gobierno asuma con sinceridad el compromiso de garantizar el derecho a la salud, abordando primero los problemas más urgentes.
El señor Hatton debe exigir a las ARS la afiliación de prestadores interesados en ofrecer servicios, asegurándose de que cumplan con las normas correspondientes. Este esfuerzo debe centrarse en mejorar la calidad y accesibilidad del primer nivel de atención, garantizando que realmente beneficie a la población y no se convierta en un obstáculo adicional.

Impacto del sistema actual
El sistema actual fomenta el gasto privado, obligando a muchas personas a adquirir planes complementarios o a pagar de su bolsillo por servicios que deberían estar cubiertos.
Este problema afecta especialmente a los pensionados, quienes se ven forzados a contratar seguros adicionales debido a las redes limitadas de prestadores.
Conclusión
Mejorar el acceso a la salud y reducir el gasto de bolsillo requiere una mayor inversión pública, la sustitución del PDSS por el PBS y una redistribución equitativa de los recursos que actualmente controlan las ARS. Si el seño Ceara Hatton desea realmente abordar las principales quejas del sistema, debe enfocar sus esfuerzos en estas áreas prioritarias. Solo así podremos garantizar el derecho universal a la salud.
Fulgencio Severino
07 diciembre 2024