La pobreza en República Dominicana: una realidad que no admite conformismo ni indiferencia

No deberíamos sentirnos conformes con el persistente número de familias dominicanas que viven en condiciones de pobreza. Por el contrario, el principal compromiso de toda persona y de toda sociedad con sentido humano debe ser trabajar para que cada familia supere esa realidad.

De acuerdo con el Boletín de Pobreza Monetaria del Ministerio de Hacienda, la pobreza se sitúa en un 17.3%. Sin embargo, al analizar con mayor profundidad la estructura de ingresos del país, la realidad resulta más preocupante: cerca del 30% de los trabajadores y las trabajadoras perciben menos de RD$20,000 mensuales; un 20% gana menos de RD$16,000; y alrededor de un 10% recibe ingresos iguales o inferiores a RD$12,585 al mes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral Continua del último trimestre de 2025 del Banco Central.

Estos datos contrastan con las cifras oficiales que sitúan el salario mínimo en RD$24,000, cuando solo el 60% de quienes trabajan perciben ese ingreso o más. De esta manera, se oculta la verdadera dimensión de la explotación laboral que afecta a trabajadores y trabajadoras en el país.

Si consideramos que, en promedio, apenas 1.4 personas generan ingresos por hogar, queda en evidencia que una proporción significativa de familias no logra cubrir la canasta básica, que según el Banco Central ascendía a RD$29,137 en diciembre de 2025. Esto implica que, en la práctica, cerca de un 30% de los hogares dominicanos vive con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades fundamentales.

Existe, además, una marcada desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Mientras algunos funcionarios estiman que una familia puede subsistir con RD$24,000 mensuales o menos, altos cargos públicos perciben salarios que superan los RD$500,000 e incluso alcanzan cifras millonarias. Esta desigualdad no solo es evidente, sino profundamente injusta. Debería ser una política oficial reducir esos altos salarios y mejorar los ingresos de quienes ganan menos, más aún cuando estos funcionarios conviven con un 22% de trabajadores del Estado que perciben ingresos inferiores a RD$13,500.

La inequidad también se refleja en el acceso a la salud. Los sectores más pobres, que son a su vez los más vulnerables a enfermar, enfrentan mayores barreras para recibir atención y medicamentos.

Un ejemplo claro es la exclusión de medicamentos ambulatorios en el régimen subsidiado, lo que contradice lo establecido en la Ley 87-01, que garantiza igualdad en el Plan Básico de Salud. Resulta particularmente grave si se considera que este régimen cubre a una población incluso mayor que el contributivo.

Las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos agravan aún más esta situación. Viven en entornos con mayor violencia, contaminación ambiental y hacinamiento; tienen menos acceso a hábitos saludables y envejecen en condiciones más precarias y sin pensiones. Estos son los llamados determinantes sociales de la salud, que explican por qué enferman más y mueren antes.

El modelo económico vigente ha generado crecimiento y riqueza para una minoría, pero también mayor pobreza en la mayoría. Mientras una minoría acumula riqueza, amplios sectores sobreviven con ingresos de subsistencia. La existencia de un alto desempleo y de un amplio sector informal contribuye a presionar los salarios a la baja, perpetuando un ciclo de pobreza difícil de romper.

A esto se suman condiciones de vivienda indignas: familias enteras viviendo en una sola habitación, comunidades ubicadas en zonas vulnerables como cañadas, riberas de ríos o áreas propensas a derrumbes. Ante fenómenos naturales, estas poblaciones son las más afectadas, perdiendo vidas y bienes sin recibir respuestas estructurales efectivas del Estado. Los programas de vivienda, en muchos casos, terminan respondiendo más a intereses privados que a una verdadera política social. De cada desgracia que afecta al país, la oligarquía aumenta su riqueza y los pobres se empobrecen aún más.

Superar la pobreza sigue siendo una meta difícil para la mayoría. Las vías tradicionales —educación superior, empleo digno o emprendimiento formal— continúan siendo inaccesibles para amplios sectores. En su lugar, predominan políticas de transferencias económicas insuficientes, que alivian momentáneamente, pero no transforman las condiciones estructurales.

Frente a esta realidad, es necesario abrir un debate profundo sobre el modelo de desarrollo y el tipo de democracia que estamos construyendo. Una democracia que no garantiza bienestar a la mayoría pierde legitimidad en su esencia.

El país necesita avanzar hacia un modelo más inclusivo, donde trabajadores, profesionales, pequeños empresarios y sectores productivos nacionales desarrollen la conciencia de que las principales amenazas a su desarrollo provienen del control que ejerce la oligarquía, a través de los partidos tradicionales, sobre el poder y las políticas públicas. Esta oligarquía ha secuestrado el Estado mediante el financiamiento de partidos políticos y candidatos que, al llegar al poder, se asocian a estos grupos y se apropian de los recursos públicos a través de contratos, compras y prácticas corruptas. Por ello, el camino es la organización social para construir un modelo donde exista una participación real en las decisiones nacionales y se representen verdaderamente los intereses de la mayoría.

La pobreza no es una estadística: es una condición de vida que limita el desarrollo humano y debilita la cohesión social. Superarla no debe ser una aspiración, sino una prioridad nacional.